Jugando con el Sistema
Trump construyó barreras enormes a la inmigración. Las élites tienen el lujo de ignorarlas
El presidente Donald Trump ganó la Casa Blanca en gran parte criticando las “ciudades santuario”, los refugiados, otros inmigrantes, y lo está intentando nuevamente.
Su muro fronterizo, financiado por los contribuyentes y no por México, sigue bajo construcción a pesar del reciente escándalo que involucró a un ex asesor de campaña. Su gobierno aumentó drásticamente las tarifas para los solicitantes de asilo y de la residencia permanente. También ha separado a miles de familias en la frontera sur del país. Si su predecesor, Barack Obama, se ganó el apodo de “deportador en jefe”, Trump ha llevado las deportaciones a límites nunca antes vistos.
Sin embargo, desde hace ya mucho años hay un grupo que se cuela por las rendijas: miembros de las élites latinoamericanas que encabezan la lista de políticos y magnates empresariales con sede en Miami, quienes siempre están un paso adelante de las autoridades. Estos expatriados utilizan sus fortunas y conexiones para adquirir visas, asilo y la residencia permanente.
(A pesar que el presidente Trump suspendió buena parte de la inmigración legal a raíz de la pandemia, en septiembre el Congreso aprobó prorrogar el controversial programa de visas para inversionistas, conocidas como EB-5, hasta finales de este año).
Una investigación realizada por el Nuevo Herald y el Miami Herald, junto con Aristegui Noticias en México y un binomio de periodistas independientes en Colombia, documenta cómo ciudadanos de Bolivia, Ecuador, Colombia, Guatemala, México y Venezuela han logrado anticiparse a las autoridades migratorias en Estados Unidos mientras obstaculizan las investigaciones penales en sus países de origen.
Amigos en altas esferas
Manuel Antonio Baldizón Méndez, de 50 años, es el vivo ejemplo de la cleptocracia.
A principios de 2015, el ex diputado guatemalteco parecía imparable en su camino a la presidencia a pesar de muchos rumores de que carteles del narcotráfico habían subvencionado su campaña.
Confiado en su inminente victoria, viajó a Estados Unidos en febrero de ese año en un recorrido electoral para reunirse con la crema y nata de la política estadounidense. Entre quienes lo recibieron estuvieron Mike Pence, en aquel entonces gobernador de Indiana, quien no mucho después se convertiría en el compañero de fórmula de Donald Trump. Jorge, uno de los hijos de Baldizón era pasante en la oficina de Pence.
La oficina del vicepresidente no respondió a las preguntas de el Nuevo Herald.
Pero al regresar a casa, las cosas se le complicaron a Baldizón. Una comisión contra la impunidad respaldada por las Naciones Unidas descubrió tramas de corrupción que incluían sobornos y malversación de fondos públicos por líderes políticos, que culminó con la renuncia y el arresto del presidente, el gabinete, decenas de políticos y élites.
Entre los implicados, a las puertas de la primera vuelta electoral en septiembre de 2015: el compañero de fórmula de Baldizón, Edgar Barquín, luego sentenciado por asociación ilícita y tráfico de influencias en una red de corrupción de más de $100 millones.
Baldizón perdió la elección de 2015 en la primera vuelta. Baldizón necesitaba una estrategia de salida clara y un plan fuera de Guatemala. Fue así como Miami, una ciudad donde había pasado bastante tiempo, se convirtió en una opción atractiva
Comenzando en 2011, había acumulado varias propiedades en el sur de la Florida. Sus vínculos con esas propiedades se ocultan en una red de empresas de responsabilidad limitada (SRL). Documentos obtenidos por el Nuevo Herald y el Miami Herald permitieron establecer la relación.
Clearwater International Management LLC e I-95 Inn LLC son empresas en la Florida de una larga cadena de traspasos entre empresas fantasma, incluyendo B&V Diversified Management LLC y Invest and Business LLC. Estas dos firmas fueron establecidas en Delaware, un estado que permite ocultar la identidad de los directivos.
I-95 Inn y Clearwater, las empresas de la Florida, están registradas a nombre de otro Manuel Baldizón, su hijo de 27 años.
A pesar de la implosión de su carrera política en su país, Baldizón siguió codeándose con la crema y nata de círculos republicanos. Su página personal de Facebook muestra fotos de Baldizón en el baile de inauguración presidencial en enero de 2017, donde aparece con Pence y los hermanos del vicepresidente.
La oficina del vicepresidente no respondió a las múltiples solicitudes de el Nuevo Herald.
Manuel Balizón se reunió en Indiana con el gobernador de ese estado, Mike Pence. (Foto: Prensa Libre)
Ruta de escape
Miami siempre ha sido considerada un segundo hogar para la clase gobernante del hemisferio y otras élites, muchas de las cuales tenían propiedades en la Florida. A menudo es la primera parada cuando huyen de sus países de origen. En 1959 Fulgencio Batista llegó a Miami tras huir de Cuba, para luego terminar en República Dominicana. Obligado a huir ante la rebelión sandinista en Nicaragua en 1979, Anastasio Somoza buscó puerto seguro en Miami, pero luego el propio presidente Jimmy Carter le negó la estancia a pesar de sus vínculos con la comunidad. Fue asesinado un año después en Paraguay.
La explosión de bienes inmobiliarios de lujo durante la última década ha fortalecido esos los lazos hemisféricos.
Pero a veces alguien siente el peso de la ley. El ex presidente panameño Ricardo Martinelli, quien residía en una casa frente al mar de $8 millones en Coral Gables, fue extraditado a Panamá en 2018, donde lo exoneraron de cargos de corrupción y espionaje.
Entre los “inmigrantes inadmisibles” están los que han participado en actividades terroristas, el narcotráfico y la trata de personas, el genocidio y el lavado de dinero. Pero las escapatorias existen. Las restricciones pueden ser obviadas si un secretario de Estado cree que cumplir las reglas tendría consecuencias adversas para la política exterior de Estados Unidos.
Influencia y poder —sobretodo a la hora de contratar un buen abogado— puede superar los obstáculos cotidianos que destruyen las esperanzas de muchos inmigrantes todos los días.
Una revisión de más de 1.2 millones de casos obtenidos a través de solicitudes de información pública a la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración reveló que negaron el asilo al 90% de los solicitantes sin representación jurídica. Sin embargo, casi la mitad de los que contrataron los servicios de un abogado lo consiguieron.
En su página digital, la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) se jacta de su eficiencia para arrestar y deportar a un número cada vez mayor de inmigrantes, especialmente los que tienen antecedentes policiales. En el gobierno de Trump, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha creado una oficina encargada de cancelar la ciudadanía de estadounidenses naturalizados sospechosos de cometer fraude al ocultar información en sus solicitudes.
Aunque estas iniciativas se publicitan mucho, el gobierno ha sido más prudente en su manejo de expatriados ricos y aquellos con conexiones políticas.
En enero, el Herald presentó una solicitud de información pública ante el Departamento de Estado en busca de información sobre las visas emitidas a 24 personas vinculadas con el sur de Florida.
Citando “circunstancias inusuales”, el gobierno todavía no ha entregado ninguno de los documentos solicitados.
Asimismo, el Herald también presentó la solicitud ante el DHS, del que depende el ICE, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración(USCIS) para que compartieran los expedientes de estas mismas figuras influyentes.
El gobierno se negó repetidamente a cumplir, citando la Ley de Privacidad de 1974, que regula la recopilación, mantenimiento y difusión de registros personales de las agencias federales.
En su primera semana en el cargo, el presidente Trump anuló las protecciones de privacidad para que no son ciudadanos estadounidenses ni tienen la residencia permanente. El Herald le señaló esa directiva al DHS, que la sigue ignorando.
SISTEMA DUAL
Los expatriados adinerados de Latinoamérica gozan de una ventaja sobre otros inmigrantes. Para proteger y administrar sus activos y estatus migratorio, pueden valerse de una constelación de abogados de gran prestigio, así como de agentes de bienes raíces y otros proveedores de servicios, junto con SRLs creadas con familiares. A menos que se indique de forma específica en las descripciones de las ventanas emergentes, nada a continuación tiene la intención de connotar ilegalidad. Solo conexiones:
Toca o coloca el mouse sobre cada figura para obtener más información sobre sus conexiones. También se pueden arrastrar las figuras para explorar sus relaciones.
Infografía por: ROMINA RUIZ-GOIRIENA y NATHANIEL LEVINE
Traducción: SONIA RAMÍREZ CHÁVEZ
Vista desde el piso 40
Erick Archila Dehesa, ex ministro de Energía y Minas de Guatemala, está prófugo desde 2016. La fiscalía lo acusó de participar en una trama de corrupción en la que cada ministerio solicitaba “contribuciones” del sector privado para comprar regalos al ex binomio presidencial, incluida una embarcación, un auto Jaguar blindado, una moto Harley Davidson y varios vehículos todoterreno.
Cuando comenzaron los arrestos, Archila estaba a salvo en Miami.
Juan Murillo, socio del bufete Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP en Washington DC, le dijo a el Nuevo Herald que defendió a Archila y que logró que se le retirara la “nota roja”de la Interpol —una orden de captura internacional— así como detener la solicitud de extradición iniciada por el gobierno guatemalteco.
Archila, de 51 años, está casado con una ciudadana estadounidense y sigue viviendo cómodamente en el sur de la Florida. Un apartamento en el piso 40 de la torre de condominios Mint en el downtown de Miami es una de sus direcciones postales, valorado en más de $1.1 millones. La propiedad no está a nombre de Archila, sino de Mint 4003 Corp., una empresa formada en las Islas Vírgenes Británicas, catalogada por Business Insider como el primer paraíso fiscal del mundo.
Sus inversiones están vinculadas con otra SRL, Canal A Media Holding, cuyo nombre hace eco de un canal de televisión por cable de Archila como parte de Grupo A, uno de los conglomerados de medios más grandes de la nación centroamericana.
Según documentos públicos fechados el 17 de octubre de 2016, Archila contrató los servicios de dos abogados importantes, Jed y Marvin Kurzban, socios del prestigioso Kurzban Kurzban Tetzeli y Pratt P.A., de Coral Gables, para establecer la SRL en la Florida.
Otro socio de la misma firma, Ira Kurzban, representó a Archila en sus procedimientos de inmigración. Los documentos examinados por el Herald muestran que Archila está en proceso de obtener una visa L-1, que usan las empresas para trasladar ejecutivos extranjeros a Estados Unidos. También tiene una solicitud de asilo pendiente.
Desde el año pasado, Canal A Media aparentemente aparece registrado como Corporation Company of Miami, que pertenece a Shutts & Bowen LLP, uno de los bufetes más importantes y antiguos del sur de la Florida, cuyo fundador, Frank B. Shutts, se estableció en Miami como representante de Henry Flagler, industrialista y figura clave en el desarrollo de la costa este de la Florida.
Ninguno de los dos bufetes respondieron a las preguntas de el Nuevo Herald sobre los negocios de Archila en el estado.
En una carta enviada por Grupo A, un representante de la empresa dijo que el conglomerado de medios “tiene una larga trayectoria de objetividad periodística” y cuenta con “alianzas importantes con empresas americanas. Somos un canal filial para la cadena CNN en Español, quienes nos colocan como uno de los principales grupos mediáticos del país”.
Por su parte, una portavoz de CNN en Español confirmó que Canal Antigua es una de aproximadamente 50 empresas en Latinoamérica que distribuye el contenido de CNN pero no proporcionó detalles sobre la relación del canal con Archila.
Como ministro de Minas y Energía de Guatemala, Erick Archila Dehesa fue acusado de participar en un esquema de corrupción adquiriendo artículos costosos, incluyendo una lancha motora y un Jaguar para el entonces presidente del país. Cuando estalló la controversia, se mudó a Miami, adquiriendo una unidad en un edificio llamado “Mint”.
Padre e hijo
Carlos Polit Faggoni, de 70 años, ha ocupado muchos cargos públicos en Ecuador y llegó a la Contraloría General del Estado en 2017. Ese mismo año fue acusado de recibir $10.1 millones en sobornos de Odebrecht S.A. Polit tomó rumbo hacia Estados Unidos, donde consiguió la nacionalidad estadounidense hace años. Se asentó en Miami.
El de Odebrecht fue un escándalo internacional grandes proporciones. El conglomerado brasileño de la construcción, con presencia en numerosos países, pagó más de $780 millones en sobornos, incluso en las más altas esferas de gobierno, a cambio de licitaciones favorables.
Ecuador enjuició en ausencia a Polit Faggoni y fue sentenciado en junio 2018. Su John, de 39 años de edad y nacido en la Florida, fue acusado en Ecuador de complicidad y sentenciado . Pero también ya estaba en Miami.
A Polit Faggoni se le ha permitido quedarse en el país a pesar de que el Departamento de Estado había cancelado más de 300 visas emitidas a otros ciudadanos ecuatorianos que enfrentan acusaciones de corrupción. La cifra la proporcionó Michael Fitzpatrick, embajador de Estados Unidos en Ecuador.
Juntos, los Polit han prosperado, comprando al menos tres propiedades valoradas en casi $7 millones. Todas están a nombres de SRL. Existen razones legítimas para usar SRK, pero también pueden usarse para esconder activos de fuentes cuestionables.
Las propiedades de los Polit incluyen una una casa en Pinecrest adquirida en junio de 2018 y un condominio exclusivo en la torre Aria on the Bay, en Edgewater, que se compró en agosto 2018, valoradas conjuntamente en $2.2 millones, según el registro de la propiedad.
Tales adquisiciones, realizadas con dinero en efectivo, al menos inicialmente, por compradores extranjeros que emplean empresas fantasmas, son una parte importante de la industria de bienes raíces en la Florida.
Preocupados por el lavado de dinero sucio a través de los bienes raíces, la Red de Ejecución de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) ha luchado para eliminar las prebendas que protegen el anonimato en la compra de bienes raíces en el sur de la Florida y otros mercados. Hace cuatro años implementó un reglamento que exige que las empresas que emiten seguros sobre los títulos de propiedad identifiquen y reporten la identidad de los individuos que compren propiedades en efectivo con un valor superior a $1 millón mediante el uso de firmas SRL. Luego redujo ese monto a $300,000 y lo amplió para incluir también los giros bancarios.
Los dos Polit tienen problemas jurídicos persistentes. Polit padre enfrenta una solicitud de extradición de Ecuador, dijo Juan Carlos Sánchez, subjefe de misión en la embajada de Ecuador en Washington.
En junio, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) le abrió una investigación al Polit hijo, ex empleado de Merrill Lynch, para determinar si su asociación con un corredor y asesor de inversiones registrado en la SEC coincidía con algún supuesto comportamiento ilegal en Ecuador.
Los Polit están representados por Fernando Tamayo, del bufete de abogados Coffey Burlington. Según Tamayo, en el marco legal ecuatoriano las sentencias de los Polit no quedan en firme hasta agotar todos los recursos de apelación. Recalcó que todas las propiedades fueron compradas con fondos legítimos.
“Con respecto a los procedimientos de la SEC relacionados con John, confiamos en que su condena injusta en Ecuador pronto será revocada en una apelación. Esto resultaría en una resolución favorable del asunto de la SEC”, dijo Tamayo.
Ilustración por Megan Moulos
La grandeza de Odebrecht
En junio de 2017, cuando el millonario peruano Gustavo Salazar, corredor de seguros, fue acusado de facilitar y blanquear un soborno a un gobernador a cambio de un proyecto de carretera que supera el presupuesto de $100 millones, salió en la televisión para desmentirlo, desde Miami.
Como ocurre con gran parte de la supuesta corrupción del hemisferio, el sobornó en cuestión también está vinculado a Odebrecht.
Un juez peruano ordenó su extradición el año siguiente.
Salazar, de 54 años, residente permanente cuya esposa es ciudadana estadounidense, ha permanecido en Miami. Un video en línea lo muestra bailando en la lujosa boda de su hija el año pasado en Miami.
“Estar en Estados Unidos le permite a Gustavo Salazar defenderse de estas acusaciones sin fundamento y motivadas políticamente sin el riesgo de estar en una cárcel peruana durante la fase de investigación”, dijo su abogada, Lilly Ann Sánchez, al Herald.
Arantxa Salazar, de unos veintitantos años, no solo es la hija recién casada de Salazar, sino la presidenta de ocho firmas SRL. En una ocasión obtuvo un préstamo para una de las SRL, Lulu 3103, de M & M Private Lending Group. La página digital de la empresa promete préstamos de “dinero fuerte”, generalmente con intereses elevados, a menudo por períodos cortos que no requieren declaraciones de impuestos, verificación de crédito o saldos bancarios.
Desde 2012, las firmas SRL son dueñas de un apartamento de $1.5 millones en el complejo Jade Signature en Sunny Isles Beach, donde aparentemente vive Gustavo Salazar.
Cuando se le preguntó sobre la transferencia de activos a la hija de Gustavo Salazar, Sánchez dijo que “las personas se están quedando sin acceso al sistema bancario o financiero, lo que los deja sin otra opción que transferir activos y depender de familiares para sus necesidades bancarias”.
Perú espera una decisión sobre su solicitud de extradición.
Al margen de la refriega
Durante 17 años, el ex presidente boliviano Gonzalo “Goni” Sánchez de Lozada y su ex ministro de Defensa, José Carlos Sánchez Berzaín, han enfrentado acusaciones por autorizar a militares a usar fuerza letal contra civiles, la mayoría indígenas aimara.
Sesenta y siete personas murieron y cientos resultaron heridas en octubre de 2003, según informes noticiosos. Sin embargo, Sánchez Berzaín ha puesto en tela de juicio esta cifra y si él fue el quien dirigió las acciones de los militares.
En lo peor de la crisis, el proestadounidense Sánchez de Lozada renunció y huyó con Sánchez Berzaín, con ayuda del Departamento de Estado, según muestran los documentos. Desde 2003 viven en Maryland y el sur de la Florida, respectivamente.
Sánchez Berzaín solicitó asilo en 2006, alegando que sería torturado por secuaces del entonces presidente Evo Morales.
Su solicitud fue aprobada en mayo de 2007. Más tarde ese año, la Corte Suprema de Bolivia le permitió al fiscal general del país acusar formalmente a Sánchez de Lozada y a Sánchez Berzaín de varios cargos, incluido el genocidio, y a pedir su extradición.
La solicitud fue denegada en 2012. Bolivia volvió a solicitarla en 2014. Pero para ese entonces ya Sánchez Berzaín hacía mucho tiempo estaba encaminado hacia la residencia permanente.
Sánchez Berzaín y Sánchez de Lozada han prosperado en su nuevo país. Junto a su cuñado, Sánchez Berzaín está asociado en varias SRL a través de las cuales se han comprado varias propiedades. También encontró su nicho como un cruzado anticomunista entre los cubanos y venezolanos exiliados, abriendo un centro político llamado Instituto Interamericano para la Democracia. También escribe artículos de opinión contra el llamado Socialismo del siglo XXI, al que llama “castrochavismo”.
El panorama se complicó después que Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard presentó una denuncia civil en virtud de la Ley de Protección de Víctimas de la Tortura de 1992, que permite demandar civilmente en Estados Unidos a personas que, actuando a nombre de cualquier nación, torturen o participen en ejecuciones extrajudiciales.
El litigio comenzó en 2007, y desde entonces ha sido un laberinto jurídico. En abril de 2018, el jurado de un tribunal federal en Fort Lauderdale dictó un veredicto dividido contra los dos, aseverando que los asesinatos sí fueron extrajudiciales y que tanto Sánchez Berzaín como Sánchez de Lozada tenían la responsabilidad en “… en la cadena de mando”. Se otorgó a los demandantes $10 millones de compensación por daños y perjuicios.
En noviembre pasado, un juez desestimó el veredicto. En agosto, un tribunal de apelaciones anuló esa decisión, confirmando el fallo original.
Bajo la administración Trump, este caso civil es más que suficiente para señalar a Sánchez Berzain para su deportación.
El entonces secretario de Seguridad Nacional John Kelly firmó un memorando en febrero de 2017 instruyendo al personal del departamento priorizar la deportación de quienes “hayan sido imputados por algún delito que no haya sido resuelto y hayan cometido actos que constituyen un delito imputable”.
Además, las pruebas referenciales son admisibles en los procedimientos de deportación bajo el Derecho Común estadounidense desde 1988. Los expertos legales dicen que esto se ha aplicado a cientos, probablemente miles, de inmigrantes.
Sin embargo, Sánchez Berzain sigue en Estados Unidos.
Ni Sánchez Berzain, ni sus abogados, Ana C. Reyes, de Williams & Connolly LLP, en Washington DC, y Evan B. Berger, de Becker & Poliakoff, P.A., quienes representan a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín no respondieron a varias solicitudes de declaraciones del Herald.
Luego de su publicación en línea, Sánchez Berzain contactó a el Nuevo y dijo en parte: “La invito a realizar una investigación completa sobre mi patrimonio, actividades económicas e ingresos para que usted pueda constatar el daño extraordinario que he sufrido y sufro como consecuencia del exilio y de la persecución por parte de Evo Morales, su régimen y su socios o jefes trasnacionales que operan desde Cuba y Venezuela”.
Década dorada
Genaro García Luna, de 51 años, fue un hombre importante en México que luego vivió a lo grande en uno de los pueblos más pequeños y ricos del sur de Florida: Golden Beach. De 2001 a 2005, dirigió la Agencia Federal de Investigación de México, y luego se desempeñó como titular de la Secretaría de la Seguridad Pública, supervisando el cuerpo policial del país.
García Luna fue la mano derecha del entonces presidente Felipe Calderón de 2006-2012, mientras Calderón desencadenaba una guerra contra el narcotráfico en el país que resultó en la muerte de más de 120,000 personas y 16,400 desaparecidos.
Estados Unidos gastó $1,500 millones apoyando a Calderón y trabajando en estrecha colaboración con García Luna, quien se mudó al sur de Florida después de terminar su mandato.
México está acostumbrado a que los funcionarios públicos pasen a jubilaciones opulentas, y García Luna no defraudó. Adquirió una casa de $3.3 millones en la pequeña Golden Beach que contaba con un muelle privado, conveniente para amarrar su yate de $700,000.
Los documentos examinados por el Herald muestran que era un funcionario de tres SRLs, una de las cuales se utilizó para comprar una propiedad comercial en Aventura. También logró convertirse en residente permanente.
Luego Joaquín Guzmán Loera, el infame narcotraficante conocido como “El Chapo”, fue arrestado (por segunda vez), extraditado a Estados Unidos, y sentenciado en el 2019. Durante su juicio un miembro del cartel de Sinaloa se centró en García Luna, testificando de haberle entregado al menos $6 millones en maletas a cambio de información policial y asegurar sus rutas.
García Luna fue arrestado en diciembre.
Además de los cargos por narcotráfico, fue acusado de haber hecho declaraciones falsas en su aplicación para la ciudadanía estadounidense, negando que alguna vez estuvo involucrado en un crimen.
García Luna espera juicio en una cárcel de Nueva York, un ejemplo de cómo el Departamento de Justicia persigue a un ciudadano extranjero influyente.
Su abogado, César de Castro, declinó comentar al respecto.
Genaro García Luna Mexico CNN
Ponerle el dedo
Cuando la ley o las autoridades migratorias están cada vez más cerca, los cleptócratas pueden recurrir al método más viejo del manual: delatar a los demás.
La fiscalía acusó al guatemalteco Guillermo Lozano Bauer, ex piloto presidencial y jefe de la autoridad portuaria del país, de haber sido elegido personalmente por el entonces presidente Otto Pérez Molina para presuntamente coordinar una serie de sobornos.
Lozano testificó contra el cartel de Los Cachiros, una de las redes de trasiego de drogas más grandes de Honduras con un patrimonio neto cercano a los $1,000 millones, según el testimonio de Lozano examinado por el Miami Herald. Lozano vive sin perturbación alguna desde 2013, en una propiedad que compró en Sunny Isles Beach. El abogado de Lozano, Bill Clay II, no respondió a las solicitudes de comentarios del Herald.
El colombiano Alejandro Lyons Muskus pensó que el testificar en contra de otros peces más gordos sería su escapatoria. El ex senador fue reclutado como fuente confidencial por agentes federales en 2017 en Miami, donde residía desde que en Colombia se descubriera su involucramiento con varias tramas de malversación de fondos. Unos de los escándalos más sonoros incluyen el “Cartel de la Hemofilia” donde se desviaron fondos o se efectuaron cobros por servicios inexistentes.
Lyons jugó un papel clave en el arresto de un ex zar anticorrupción colombiano, Luis Gustavo Moreno Rivera, que se declaró culpable de un cargo de conspiración de lavado de dinero por aceptar un soborno de Lyons en el Dolphin Mall en Miami.
Fue ahí que las cosas se tornaron interesantes. Como muchos otros que se convierten en informantes confidenciales del gobierno, él podría haberse construido una nueva vida en Miami o mudarse a otra ciudad bajo una nueva identidad. No había cometido ningún delito a sabiendas en Estados Unidos. Fue en ese entonces que según fuentes colombianas la DEA descubrió que Lyons le había mentido. En agosto del año pasado, oficiales de inmigración arrestaron a Lyons para deportarlo, un cuento aleccionador de lo que puede llegar a suceder a quienes hacen un trato pero no lo cumplen.
Sin embargo, antes de que pudiera ser deportado fue puesto en libertad.
Durante meses, el Herald buscó el paradero de Lyons y rastreó sus activos. Solo encontró SRLs inactivas, incluida una empresa registrada a nombre de una supuesta novia. Su esposa y sus tres hijos regresaron a Colombia. DHS se negó a comentar.
El ex diputado Manuel Baldizón parecía en camino a la presidencia de Guatemala. Pero luego todo se complicó y Miami se convirtió en su nueva base de operaciones. (AP Photo/Moises Castillo) Moises Castillo AP
Los límites de la impunidad
Convertirse en informante fue el camino elegido finalmente por Manuel Antonio Baldizón Méndez , el guatemalteco que estuvo a punto de convertirse en presidente. Necesitaba hacer algo cuando sus vínculos con el narcotráfico y la corrupción de Odebrecht finalmente lo alcanzaron.
En enero de 2018, la entonces Fiscal General, Thelma Aldana, reveló que la constructora había repartido alrededor de $17.9 millones en sobornos, y que presuntamente $3 millones de estos habían terminando en los bolsillos de Baldizón. Pero cuando se llevaron a cabo las redadas, Baldizón no se encontraba por ningún lado.
El 20 de enero de 2018, Baldizón llegó al aeropuerto de Miami en un vuelo procedente de República Dominicana. Era una ruta que había hecho muchas veces antes. Pero al llegar al control de pasaportes, fue arrestado con una orden judicial de Interpol.
Las autoridades de Estados Unidos y Guatemala dijeron que Baldizón pronto regresaría para enfrentar cargos de corrupción en su país. En cambio, él solicitó asilo político en Estados Unidos.
Mientras esperaba comparecer ante un juez de inmigración, agentes de la DEA y del FBI se acercaron a Baldizón para investigar el lavado de dinero vinculado a los carteles de la droga. El ex candidato aceptó un acuerdo de culpabilidad, que incluía una sentencia reducida de 50 meses y ayudó a derribar a otro lavador de dinero el año pasado. Uno de sus apartamentos en Miami fue confiscado, pero otras propiedades permanecen bajo el control de su hijo.
Durante meses, el abogado de Baldizón logró retroceder la fecha de su ingreso a la cárcel bajo la Oficina de Prisiones, diciendo que su cliente tenía problemas de salud.
La Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida se negó en repetidas ocasiones a hablar sobre Baldizón. El abogado de Baldizón, que también representa a Lozano, Bill Clay II, no devolvió los múltiples correos electrónicos del Herald.
Mientras tanto, continúa la represión de la administración Trump contra la inmigración, aproximadamente 50,000 inmigrantes indocumentados están confinados en cárceles, prisiones, y otras formas de detención por parte de ICE.
En cuanto a los cleptócratas del sur de Florida, dos están actualmente bajo custodia: García Luna y Baldizón, quien se entregó a la Oficina de Prisiones en McRae-Helena, Georgia, el 1 de septiembre.
Fuente:
https://www.elnuevoherald.com/noticias/inmigracion/article246197645.html
